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La Ley de Alivio Financiero impulsa a los sectores productivos con beneficios tributarios concretos

El Gobierno Nacional puso en vigencia la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, una normativa diseñada para brindar respaldo inmediato a personas y empresas afectadas por la crisis energética, con énfasis en la reactivación del aparato productivo y la protección del empleo.

Uno de los pilares de esta ley es la serie de incentivos tributarios dirigidos a los sectores productivos, que incluyen:

  • Crédito tributario por mantenimiento del empleo: Los empleadores que conservaron a sus trabajadores en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, sin reducciones de condiciones laborales, recibirán un crédito tributario aplicable al Impuesto a la Renta del mismo ejercicio fiscal. Este crédito equivale a un porcentaje del aporte patronal al IESS por cada trabajador.
  • Remisión de intereses y multas: Se establece la condonación del 100% de intereses, recargos, multas y accesorios tributarios, tanto a nivel nacional como seccional, siempre que los contribuyentes paguen el capital hasta el 30 de junio de 2025. Esta disposición también se extiende al impuesto al rodaje y obligaciones ante la ANT y SPPAT.
  • Facilidad de pago para obligaciones en mora: El Servicio de Rentas Internas (SRI) ofrecerá planes excepcionales de hasta 12 meses para saldar obligaciones fiscales vencidas al 31 de octubre de 2024. Esto permitirá a las empresas mejorar su flujo de caja y evitar sanciones.
  • Condonación del Impuesto a la Renta para negocios populares: Los contribuyentes del régimen RIMPE (negocio popular) quedan exentos del pago de este impuesto correspondiente a los ejercicios fiscales 2022 y 2023.
  • Apoyo a sectores estratégicos: Se desarrollarán instrumentos financieros a través de la banca pública para los sectores agrícola, pesquero, turístico y acuícola, que han sido impactados por fenómenos naturales o interrupciones energéticas, con el fin de garantizar la continuidad de sus operaciones.

Estos incentivos representan un esfuerzo coordinado entre el Gobierno Nacional, el sistema financiero y los gobiernos autónomos para aliviar las cargas económicas e impulsar la estabilidad del empleo y la productividad en nuestro país.