El sector productivo empresarial expresa su preocupación y rechazo ante medida de la Corte Constitucional

Desde el inicio del Gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, se han impulsado acciones concretas, respetando el marco constitucional, para garantizar la sostenibilidad de la energía eléctrica en el Ecuador, cuyo sistema se recibió en condiciones precarias y negligentes. No obstante, este sábado 10 de enero de 2026, la Corte Constitucional (CC) volvió a darle la espalda al país al impedir que el Estado concesione a la empresa privada servicios de energía eléctrica.

Esta decisión, que limita la capacidad del Gobierno para trabajar de la mano con las empresas privadas, se traduce en inestabilidad para las familias ecuatorianas. Por consiguiente, distintos representantes del sector productivo e industrial han mostrado públicamente su preocupación por el impacto negativo que significaría.

La Cámara de Comercio de Quito aseguró que la resolución genera impedimentos en un momento en que Ecuador requiere soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad y la eficiencia del abastecimiento eléctrico. En esto también coincidió la Presidenta de este organismo, Mónica Heller, al acotar la decisión “no ayuda al país” y que frena los cambios que el Ecuador necesita.

El Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP) fue enfático al reafirmar “la importancia de un entorno que promueva la inversión privada, el trabajo conjunto entre lo público y lo privado y decisiones orientadas a garantizar crecimiento, empleo y sostenibilidad económica”.

Por su parte, la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) calificó al accionar de la Corte como “un retroceso que restringe aún más la participación privada en el sector eléctrico”, al tiempo que considera al análisis de la entidad como una “interpretación restrictiva del principio de excepcionalidad”, limitando la capacidad de reacción del Ejecutivo frente a una necesidad nacional.

A este criterio se suma la Cámara de Industrias y Producción, al considerar este fallo como “grave para el país”, al poner en riesgo el suministro eléctrico y, consecuentemente, afectando la competitividad en caso del “retorno de los apagones”.

Del mismo modo, la Asociación Exportadores de Plátano (Asoexpla), también aseguró que el impacto de la medida se traslada a la competitividad, la producción y las exportaciones. Para esta asociación, la medida de la Corte debilita la inversión privada en el sector eléctrico y esto a su vez afecta directamente la confianza, la seguridad jurídica y la capacidad del país para sostener su desarrollo productivo.

En consonancia con la postura del sector productivo, el Gobierno Nacional reitera su rechazo a la medida adoptada por la CC. Ecuador necesita instituciones responsables y diligentes ante las urgencias de la sociedad.

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